Publicado el Miércoles 17 de Junio de 2026 en el Diario de Centroámerica el Decreto 15-2026, «Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo».
Este Decreto moderniza y unifica el marco normativo de Guatemala para alineralo con éstandares internacionales de transparencia y seguridad financiera, derogando normativas anteriores (Decreto 67-2001 y Decreto 58-2005).
La normativa contiene puntos claves para aplicación en Guatemala:
- Adicional a sistema bancario y financiero tradicional, la ley extiende sus regulaciones y controles preventivos a diversos sectores comerciales y profesionales (como inmobiliarias, compraventa de vehículos, casas de empeño, comercio de metales preciosos, así como contadores, abogados y notarios en determinadas actividades).
- Establece obligaciones estrictas para las sociedades mercantiles en cuanto al registro y actualización de datos de sus administradores, accionistas y el beneficiario final (la persona que realmente controla o se beneficia de la estructura corporativa).
- Las personas e instituciones obligadas deben implementar sistemas de administración de riesgos de lavado de dinero, políticas de debida diligencia de clientes, debida identificación y reportes formales ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
- La normativa contempla sanciones administrativas severas (multas cuantiosas e inhabilitaciones) y responsabilidades penales tanto para personas individuales como jurídicas que incumplan con las medidas de prevención o faciliten operaciones ilícitas.
- El Congreso de la República estableció expresamente que esta ley no tiene fines tributarios, ni busca criminalizar el uso de efectivo ni entorpecer la economía informal, enfocándose estrictamente en la prevención y persecución financiera.
